María y Pepe, ecuatorianos, tienen un hijo de 5 años, y una hija de 18 fruto del anterior matrimonio de María. Llevan en España 7 años, de los cuales solo algo menos de 4 son en situación legal. Pepe está trabajando en la construcción.
María tiene problemas de riñón y acude a dialisis 3/4 veces en semana; actualmente está en lista de espera para un transplante, habiendo ya recibido uno y habiendolo rechazado. María, tiene reconocido un 54% de minusvalía, y lleva de baja en su empresa ya los 18 meses legalmente establecidos, y ha pasado por tribunal médico, el cual no ha podido determinarle una incapacidad al no llevar el tiempo suficiente cotizados para que le sea reconocida una incapacidad. En la Seguridad Social afirman que esa persona no puede estar de baja como tal, al haber superado el tiempo máximo.
Posibles soluciones:
a) Que como María es consciente de que en su situación no puede trabajar, pida una baja voluntaria de la empresa, y se le conceda una RMI
b) Que la empresa que tiene contratada a María asuma los costes de tenerla dada de alta en la seguridad social, su salario y entienda que en su situación no puede trabajar.
c) Que la empresa despida a María, ya que ésta no cumple con su trabajo, y pase a cobrar una prestación por desempleo
Observación: el tiempo que se esté cobrando una prestación por desempleo se cuenta a todos los efectos como tiempo cotizado a la seguridad social...
¿Cual es la solución menos perjudicial para todos?
Ahí lo dejo, y el problema es que a María me la acabo de inventar, pero podría ser un caso real, ya que hay una laguna legislativa, y se presentaran casos similares, en lo que no hay una salida que beneficie a todos ya que con cualquiera de las 3 alternativas, alguien sale perjudicado.
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